Esta tarde se desarrolló una feria y pañuelazo en el Paseo Jesús Mendia y posteriormente una marcha por las calles de Olavarria en consonancia con las distintas actividades que se realizaron en varias ciudades del país, con epicentro en Capital con motivo de la presentación en el Congreso y por octava vez del proyecto de interrupción del embarazo (IVE).

Esta tarde en Olavarría nuevamente hubo pañuelazo y marcha para exigir la legalización y despenalización del aborto legal, seguro y gratuito. La convocatoria se desarrolló en el Paseo Jesús Mendía y fue en consonancia con la movilización nacional. Hoy volvió a presentarse para que sea debatido el Proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo al Congreso y como ocurrió el año pasado en las calles hubo una marea verde.

En Olavarría a eso de las 16hs comenzaron las actividades que finalizaron con una marcha por las calles de la ciudad. Primeramente hubo feria en el Paseo Jesús Mendía con puestos de venta y otros con folletería informativa.

De a poco se fueron acercando mujeres de distintas edades con sus pañuelos verdes y algunos carteles con las consignas de la Campaña del Aborto Legal Seguro y Gratuito. El pañuelazo se realizó en las escalinatas del Municipio.
Las actividades culminaron con una marcha contundente por las calles de la ciudad.

Fotos///Jorgelina Perez para Planeta Cultural

Detalles sobre el proyecto presentado en el Congreso:
Convierte en derecho la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación (no se debe exigir denuncia). Incorpora la definición de “persona gestante”.

Define que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento y debe estar cubierta la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas. Prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran y establece que no se puede exigir ninguna autorización judicial para brindar un aborto legal.

Fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.

Incorpora la dimensión intercultural. Incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la educación sexual integral y establece que se deberá enseñar sobre el aborto definido como un “derecho” de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía.
Fuente//Página 12